“El Estado posee numerosos inmuebles aptos para ser utilizados como soporte de equipos e infraestructura, por lo que es conveniente facilitar su uso por parte de los prestadores que los requieran a precios de mercado, en condiciones no discriminatorias y cumplimentando las normas ambientales, de seguridad y de salud aplicables”.
La Resolución N°5/2017 publicada en el Boletín Oficial aprobó finalmente los montos mensuales que abonarán las empresas de telefonía celular para instalar antenas en las terrazas de edificios públicos, un proyecto que busca mejorar las comunicaciones móviles al aprovechar el 4G.
La idea, anunciada el año pasado por el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, recién logra concretarse ahora y plantea “utilizar terrazas, techos, torres, solares y/o cualquier otra instalación, planta o inmueble que resulte apta para el establecimiento de estructuras portantes de antenas, equipos e instalaciones asociadas a servicios de telecomunicaciones, TIC y de servicios audiovisuales”.
La instalación de antenas de telefonía móvil fue siempre motivo de cortocircuitos con los municipios, en parte debido a las quejas de los vecinos por posibles riesgos sobre la salud y en otra a las condiciones poco claras que ponían las autoridades.
Lo cierto es que mientras Japón cuenta con 10.112 antenas por cada millón de habitantes, el número en la Argentina es de solo 383, muy por debajo de las 1.162 de Chile y las 1.144 de Brasil.
Más allá de que no existen pruebas sobre los daños sobre la salud, hay un argumento claro de cómo la mayor presencia de antenas disminuiría esos posibles riesgos: a menos antenas, más potencia necesitan para funcionar de forma correcta.
A fines del año pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) puso en marcha la campaña Antenas Amigables, orientada a brindar información sobre el funcionamiento de la telefonía móvil y así romper mitos sobre la presencia de antenas de telefonía móvil y los efectos sobre la salud.
Instalar más antenas es clave para comunicarse mejor. Mejoramos con acciones https://t.co/cdoritwtgG pic.twitter.com/zd0UdfxNjC
— Miguel De Godoy (@mdegodoy) 1 de febrero de 2017
Condiciones
La legislación publicada establece un tarifario para gestionar de manera automática la valuación para el despliegue de estructuras de telefonía móvil y una Resolución de excepción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) en la que se instruye a Edenor y a Edesur a proveer el suministro eléctrico necesario para la instalación de radiobases de telefonía móvil.
La autorización y los costos de locación tendrán una vigencia de dos años. Una vez transcurrido este tiempo, se actualizarán los valores para un nuevo período. Con esas condiciones, desde el Gobierno esperan “incentivar mayores inversiones”.